Explora los principios de igualdad y de no discriminación como fundamentos para la articulación político-jurídica de la democracia y sus implicaciones para el pluralismo del sistema legal y la especificidad de los derechos.

Frente a la idea neoliberal y neoconservadora que presenta las desigualdades como naturales, o frente al multiculturalismo “fuerte” que al priorizar la “identidad cultural” socava la igualdad de derechos, sostiene la necesidad de una ley común para todos y por tanto rechaza el pluralismo judicial.

Apunta que la idea de que todas las personas poseen una común y diferente humanidad e igual dignidad, y de que por ello pueden ejercer de modo individualizado los derechos humanos, es relativamente reciente en la historia humana fruto de un pacto político, e implantada jurídicamente.